Última actualización: 19 de Noviembre de 2018
La Universidad de La Serena es una Universidad Estatal, cuyo dueño es el Estado de Chile, recibe un aporte del Estado por ser miembro del Consejo de Rectores (CRUCH) y no por su condición de estatal. Dicho aporte corresponde sólo a un 2,3 % del total de recursos que se reparten entre los miembros del CRUCH; distribución que incluye universidades privadas, algunas de las cuales reciben mayores recursos del Estado que la Universidad de La Serena. Y como consecuencia, esta Universidad debe autogenerar el 76% del presupuesto para su funcionamiento.
Las dos universidades del CRUCH más beneficiadas por el Estado alcanzan a 9,7 y 6,1 veces lo que recibe la Universidad de La Serena, situación que se ha mantenido invariable desde el año 1981.
Por interpretación de la Contraloría General de la República, la Universidad de La Serena se considera un servicio público, lo que significa que la autonomía económica, financiera y administrativa otorgada por los artículos 103 y siguientes del DFL Nº 2, de fecha 2 de julio de 2010, no se aplica en muchos aspectos fundamentales. Ello implica someter a la Universidad de La Serena a todas las exigencias de los servicios públicos, por lo cual los organismos fiscalizadores no hacen distinción entre una Universidad estatal y por ejemplo, una municipalidad.
De igual forma, la obligan a responder a las exigencias que tienen las sociedades anónimas, al ordenar que se sometan a auditorías de sus Estados Financieros por entidades externas; también la obligan a prescribir que todas las compras de bienes muebles y prestación de servicios se realicen, siguiendo lo establecido en la Ley Nº19.886 (Chilecompra) lo que implica que, en muchos casos, se paga un sobreprecio de un 20% a un 30% principalmente en servicios de construcción e infraestructura, a lo anterior se suma que la tramitación puede demorar hasta dos años. Debe agregarse que la Contraloría General de la República puede cambiar de criterios por la vía de los dictámenes.
Para el cumplimiento de la Ley de Transparencia, el Consejo para la Transparencia aplica a la Universidad de La Serena formularios elaborados para entidades públicas, donde hay muchos aspectos que no corresponden a una institución de educación superior; a lo anterior, se agregan un sinnúmero de exigencias propias de servicios públicos. Todo lo mencionado, obliga a la Universidad a incurrir en millonarios gastos adicionales, sin recibir ni un peso por parte del Estado para tales efectos. Esta condición de "servicio público" obliga a la ULS a gastar anualmente, casi la misma cantidad que invierte en la adquisición de material bibliográfico para sus estudiantes ($100 millones).
En términos simples, la universidad es considerada un servicio público en cuanto a "exigencias" y autónoma en todo lo que corresponde a "materias de orden económico".
Es sabido que el ámbito de la educación superior es dinámico y altamente competitivo -incluso se le considera un mercado-, diferente es el caso de los servicios públicos que no están expuestos a la competencia de servicios similares. En general, el sector privado y la opinión pública critican a las universidades estatales por la gestión financiera, la falta de agilidad en las respuestas y flexibilidad de los procedimientos, pero no reconocen que son las propias exigencias impuestas por el Estado las que las limitan.
Por otra parte, ciertos sectores piensan que el Estado debe apoyar a todas las universidades sean éstas privadas o estatales y no conciben que la Universidad estatal reciba también aportes por su condición de estatal. En todo caso, correspondería que toda institución de Educación Superior, sea pública o privada, que reciba fondos del Estado, debiera ser controlada de la misma manera que las Universidades estatales como también, exigirle someterse a las normas legales sobre transparencia.
